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Conflicto entre Nicaragua y Costa Rica y la intervención de la OEA

La decisión del presidente Daniel Ortega de iniciar el dragado en el Río San Juan para facilitar las condiciones de navegación en el mismo, ha desencadenado en graves conflictos entre estos dos países. Esto a partir de que Costa Rica denuncia que los sedimentos extraídos como resultado del dragado, se estaban arrojando a territorio costarricense, específicamente a Isla Calero, afectando el ecosistema de la zona. De inmediato Costa Rica inició un despliegue policial en el lugar, y como respuesta a este hecho, Nicaragua envió a tropas de su ejército a la zona.

Sin embargo, el gobierno nicaragüense aseguró que esos refuerzos militares  están destinados a combatir el narcotráfico, mas no son una respuesta a las acciones tomadas por Costa Rica. En el marco del conflicto, el gobierno costarricense hizo la denuncia oficial el 1 de Noviembre, y convocó a una urgente reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, para que intervenga en el conflicto e incite a que Nicaragua retire sus tropas militares de el lugar.

A pesar de que la OEA tomó el caso, aun no se ha podido llegar a un consenso entre las partes. El secretario Miguel Inzulsa ha propuesto a Nicaragua la  retirada de las tropas del lugar y restablecimiento del diálogo entre las partes. Sin embargo, el presidente Ortega aboga por llegar a un acuerdo para restablecer los mojones en la zona limítrofe, a lo que el gobierno costarricense alega que los limites ya están claros, y que la eminente amenaza de las tropas nicaragüenses en de su territorio, es el tema de fondo en este conflicto.

A pesar de que en la reunión de la OEA, llevada a cabo el día 12 de Noviembre pasado, los puntos propuestos por Inzulsa fueron aprobados casi por la mayoría de los miembros de la OEA, la intransigencia del gobierno nicaragüense está agravando cada vez más el conflicto. Esto debido a que la resolución de la OEA no ha sido aceptada por el gobierno nicaragüense, quien ha insinuado que la OEA es un organismo carente de efectividad y que debido a ello no se dudara en sacar a Nicaragua de la OEA.

Apesar de que la OEA  se enfrenta a un nuevo reto en materia de precautelar la seguridad y el bienestar de los Estados,  es menester de las partes abrir una  mesa de dialogo bilateral, de manera inmediata,  para que el conflicto llegue a una satisfactoria resolución.

Conflicto entre Nicaragua y Costa Rica y la intervención de la OEA

El día Jueves, 30 de Septiembre, el Ecuador despertó sin imaginar que uno de los peores días de su historia estaba por escribirse. Para la sorpresa de todos, la Policía Nacional se había sublevado, el país se encontraba ante un irónico desamparo policial y vulnerable a la delincuencia.

El motivo de tal inusual paro nacional, se justificaba en el descontento que sentía el cuerpo policial por  la  nueva ley de Servicios Públicos que se estaba debatiendo en  la Asamblea Nacional. Ley que pretende regular el sistema de bonificaciones salariales vigentes dentro de   la Administración Pública.

Los robos y saqueos no se hicieron esperar. El caos se había apoderado ya de las principales ciudades del país. Pero mientras el temor se difundía en la población, la incapacidad del primer mandatario para establecer mecanismos eficaces de dialogo, agravaba aun más la situación,  y lo que al principio parecía ser netamente una sublevación policial, empezó a ser calificada como un golpe de estado.

En medio de la revuelta, el Presidente de la República había sido agredido físicamente, trasladado al hospital de la policía, y posteriormente  ”secuestrado” por miembros uniformados, dentro de la misma casa de salud donde se encontraba internado. Simpatizantes  salían a las calles a manifestar  su respaldo al mandatario y su admiración por su “valentía” y  “coraje” al mantenerse firme en su decisión de no revocar la ley. Por un momento la diplomacia,  el dialogo, la sensatez y la cordura abandonaron a nuestro presidente, quien cual héroe de la patria decía preferir la muerte antes de dar su brazo a torcer.

Los medios de comunicación del país, o mejor dicho el canal del Estado, seguía de cerca los acontecimientos manteniendo a todo el país a la expectativa de lo que pudiese suceder en las próximas horas. Pero no solamente el país estaba conmocionado, si no que la notica ya se había difundido a nivel internacional, donde sin duda alguna se pensaba que el golpe de estado en el Ecuador era inminente.

Las manifestaciones de respaldo de la Comunidad Internacional, no se hicieron esperar. La OEA reprobaba los hechos y convocaba a una reunión extraordinaria con el fin de analizar los mismos y dar su total respaldo al mandatario ecuatoriano. La UNASUR manifestaba su indignación ante el intento de golpe de Estado y la sublevación de la fuerza de seguridad en el Ecuador, y varios presidentes latinoamericanos como Hugo Chávez, plasmaron a través de las redes sociales su rechazo ante tales sucesos. Países Europeos como España y Francia anunciaban su apoyo a Correa. Más tarde Correa era liberado, en medio de un violento operativo, trasladado al palacio de gobierno, y aclamado por sus simpatizantes.

Sin embargo, considero apropiado cuestionar  si hubo o no un verdadero intento de golpe de estado. Lamentablemente la comunidad internacional no se encuentra al alcance de los hechos, si no que solo se pudo presenciar lo que los medios de comunicación transmitían, y como espectadores  su análisis y opinión es altamente sesgado y limitado.

A mi parecer, la sublevación policial fue aprovechada por el presidente y su gabinete como una estrategia para consolidar su gobierno y frenar a la oposición. Si  el propósito de la revuelta realmente hubiera sido propiciar un golpe de estado, este se hubiese consolidado sin ningún problema.

Expulsión de los gitanos de Francia: ¿Es del todo negativa esta medida?

Con el propósito de frenar la delincuencia y la migración ilegal, el gobierno Francés en los últimos meses, ha tomado medidas vistas por mucho como extremas que involucran la expulsión de búlgaros y rumanos quienes viven en campamentos ilegales  en suburbios de Francia. Estas acciones han sido blanco de duras críticas por parte de la Unión Europea, quien ha calificado tales medidas como xenófobas y racistas.  El presidente francés por su parte se defiende argumentando que  las medidas están dirigidas solo para aquellas personas que han rebasado el plazo establecido  máximo de tres meses para formalizar su situación laboral en el país. Además, de que en julio pasado se indemnizo a  quienes voluntariamente decidieron  retornar a su país de origen.

Si bien las medidas aparentan ser extremas e incluso atentatorias contra los derechos humanos, basta con echar una mirada a las condiciones precarias en las que viven estas personas en Francia para detenerse a pensar en si la decisión de repatriarlos es negativa del todo. Estas personas están organizadas en campamentos trasformados en especie de suburbios, los cuales  carecen de lo indispensable para vivir dignamente, muchos de los niños no asisten a escuelas, las condiciones de salubridad son bastante malas, y  son considerados como una amenaza para los residentes franceses.  Viendo la situación desde esa perspectiva, ¿no sería entonces mejor que los gitanos retornen a su territorio?

Sin embargo, el problema de fondo es que tanto el gobierno francés, los gobiernos de Rumania y Bulgaria, y la Comunidad Europea  no han  prestado el suficiente interés para  desarrollar propuestas y tomar acciones inmediatas que mejoren las condiciones de vida de los migrantes. La acción debe ser  conjunta e involucrar a todas las partes, puesto que no se está hablando solo del bienestar de los migrantes sino de toda la comunidad europea. La Unión Europea como entidad supranacional debe ser el motor  y de cierta manera protector de los estados ayudándolos para que estos fortalezcan  sus políticas económicas y mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.

Por su parte el gobierno francés debería tener cuidado en como maneja la repatriación de los migrantes procurando no atentar contra su integridad física ni psicológica. Si bien está claro que las personas tienen  el derecho de libre circulación dentro del territorio de la Unión Europea, esto no puede prestarse a que residan en condiciones precarias que perjudican su propio bienestar.   Es el dialogo el que debe primar ante todo en esta situación, lo ideal sería unir fuerzas y buscar soluciones que beneficien a estos grupos marginados.

Ximena Celleri